Se les acusa de “haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de estupefacientes en Estados Unidos” y por delitos relacionados con armas
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. Foto: Especial
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.
La acusación contra el gobernador mexicano se presentó en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
Lista de funcionarios y exservidores públicos acusados por EU:
De acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, además del gobernador Rubén Rocha Moya, los implicados son:
Enrique Inzunza Cázarez: Senador de la República por Morena.
Juan de Dios Gámez Mendívil: Presidente Municipal de Culiacán.
Enrique Díaz Vega: Exsecretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa.
Gerardo Mérida Sánchez: Exsecretario de Seguridad Pública del Estado.
Dámaso Castro Zaavedra: Subprocurador de Sinaloa.
Marco Antonio Almanza Avilés: Comisario General de la Policía de Investigación de Sinaloa.
Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”: Excomisario General de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa.
José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”: Comandante de la Policía Estatal Preventiva.
Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”: Comandante de la Policía Municipal de Culiacán.
A los 10 se les acusa de “haberse asociado con el Cartel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de estupefacientes en Estados Unidos”. El caso fue asignado a la jueza federal de distrito Katherine Polk Failla.
“El Cártel de Sinaloa no solo trafica con drogas letales, sino que es una organización designada como terrorista que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y obtener beneficios”, afirmó Terrance Cole, administrador de la Agencia Antidrogas (DEA), en el documento en el que se anunció la acusación que, dijo, “pone al descubierto un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en peligro la vida de los estadounidenses.
“Los acusados presuntamente utilizaron puestos de confianza para proteger las operaciones del cártel, lo que permitió el flujo de drogas letales hacia nuestro país”, añadió.
Cole aseguró que “nadie está por encima de la ley” y agradeció “a nuestros socios estadounidenses y mexicanos que eligen la integridad cada día y se unen a nosotros para salvaguardar nuestras comunidades. Juntos, seguiremos ejerciendo una presión sostenida contra el Cartel de Sinaloa y las redes que lo apoyan para proteger al pueblo estadounidense y salvar vidas”.
El fiscal Jay Clayton dijo que el Cártel de Sinaloa y otros cárteles no podrían operar “tan libre y exitosamente sin políticos y autoridades corruptas en su nómina. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios en el mundo que trabajan con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a traerlos ante la justicia”.
De acuerdo con la acusación, los señalados han participado “en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas con el cártel para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos”.
El documento señala que los acusados “han desempeñado diversas funciones esenciales para el cartel: entre otras cosas, presuntamente han protegido a los líderes del cartel de investigaciones, detenciones y enjuiciamientos; han facilitado que se proporcionara información sensible de las fuerzas del orden y del ejército a miembros del cartel y a narcotraficantes aliados para ayudar en las actividades delictivas” de la organización criminal.
Asimismo, se les señala de haber ordenado “a miembros de organismos policiales estatales y locales, como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, que protegieran los cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos; y permitieron que los miembros del cártel cometieran actos de violencia brutal relacionados con la droga sin sufrir consecuencias”.
A cambio de ello, subraya la acusación, “los acusados han recibido colectivamente millones de dólares en dinero procedente del narcotráfico del cártel”.
Rocha Moya, ligado a “Los Chapitos”; ofreció protegerlos, acusa EU
Los acusados, detalla el texto, están estrechamente ligados a la facción de “Los Chapitos“. En el caso de Rocha Moya, afirma que llegó al cargo “después de que “Los Chapitos presuntamente le ayudaron a salir elegido mediante, entre otras cosas, el secuestro y la intimidación de sus rivales”.
Según la Justicia estadounidense, Rocha Moya prometió a “Los Chapitos” “protegerlos mientras distribuían cantidades masivas de drogas a los Estados Unidos y, como gobernador, Rocha Moya ha permitido que los Chapitos operen con impunidad en Sinaloa”.
En cuanto a los demás señalados, la acusación indica que “han ayudado directa y repetidamente a Los Chapitos a cambio de sobornos masivos financiados con drogas. Por ejemplo, Zaavedra, que es el subprocurador general de la Fiscalía General de Sinaloa, ha recibido aproximadamente 11 mil dólares estadounidenses al mes de Los Chapitos y, a cambio, ha protegido a los miembros de Los Chapitos de ser detenidos y les ha informado de las operaciones policiales previstas respaldadas por Estados Unidos”.
Otros acusados, afirma la fiscalía, han participado directamente en la campaña de violencia y represalias del cártel. Por ejemplo, señala que Millán, comandante de alto rango de la policía municipal de Culiacán, “presuntamente recibía más de aproximadamente mil 600 dólares estadounidenses al mes de Los Chapitos”, a quienes concedió “acceso sin restricciones a la policía municipal de Culiacán y utilizó a agentes de la fuerza policial para ayudar a Los Chapitos a mantener su control sobre Culiacán, incluso mediante detenciones, secuestros y asesinatos”.
En octubre de 2023, o en fecha aproximada, indica la acusación, Millán presuntamente “ayudó a Los Chapitos a secuestrar a una fuente confidencial de la DEA y a un familiar de esta, a quienes Los Chapitos posteriormente torturaron y asesinaron, porque se sospechaba que la fuente proporcionaba información al gobierno en relación con esta investigación”.
LOS OTROS NUEVE ACUSADOS
Junto a Rocha Moya fueron imputados el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, de 41 años; el senador y ex Secretario General de Sinaloa, Enrique Inzunza Cazárez, de 53; y el ex Secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, de 50.
Dámaso Castro Zaávedra, actual Subprocurador de la Fiscalía Estatal de Sinaloa, recibía presuntamente alrededor de 11 mil dólares mensuales del cártel a cambio de proteger a sus miembros de arrestos y filtrar información sobre operativos respaldados por EU.
Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, enfrenta cargos adicionales por el secuestro y muerte de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta, ocurridos en octubre de 2023. Según la acusación, ambas víctimas fueron torturadas y asesinadas por ser sospechosas de colaborar con esta investigación. Millán es el único acusado con pena mínima obligatoria de cadena perpetua.
Completan la lista Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez Cholo, ambos ex jefes de la Policía Investigadora de la Fiscalía estatal; Gerardo Mérida Sánchez, ex Secretario de Seguridad Pública; y José Antonio Dionisio Hipólito Tornado, ex Subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa.
Todos los acusados, salvo Millán, enfrentan penas de entre 40 años y cadena perpetua. Se cree que los diez residen actualmente en México.
Esta acusación se suma a una serie presentada desde 2023 en el mismo distrito, que suman en total más de 30 imputados vinculados al Cártel de Sinaloa.
SRE ASEGURA QUE NO HAY PRUEBAS
Después de que se informó que se presentaron cargos penales en Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha y otras nueve personas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que ayer se recibieron solicitudes de extradición de diversas personas por parte del gobierno de Donald Trump.
Indicó que de acuerdo con el marco normativo vigente bajo la Ley de Extradición Internacional, se turnó la información recibida a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se evalúen estas solicitudes conforme a la legislación mexicana.
La SRE apuntó que en los tratados vigentes hay “provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información”, por lo que se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer.
“Los documentos que fueron recibidos parte de la Embajada de los Estados Unidos, de acuerdo a la revisión jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición.
“Sin embargo, como debe procederse en estos casos, será la Fiscalía General de la República quien determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición”, detalló.
