El New York Times publicó este domingo un extenso análisis sobre el indicia miento del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en el que el influyente diario estadounidense plantea que la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una “encrucijada histórica”: actuar contra la corrupción dentro de su propio movimiento o proteger la unidad política de Morena.
Lo que el texto no menciona con la misma contundencia es el contexto completo en el que explota este escándalo. La administración Trump ha intensificado su estrategia de presión sobre gobiernos latinoamericanos considerados hostiles a Washington: ha amenazado con intervenciones militares en México bajo el pretexto del combate al narcotráfico, ha usado el comercio como palanca de negociación con la revisión del T-MEC a punto de arrancar formalmente, y ha desplegado una política exterior en la región que mezcla sanciones, inducimientos y presión mediática según sus propios intereses geopolíticos.
A eso se suma una contradicción que el NYT apenas roza y que resulta imposible ignorar: el mismo gobierno que le exige a México actuar contra la corrupción ligada al narco es el que indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en suelo estadounidense precisamente por narcotráfico. Una decisión que deja en entredicho la coherencia moral del discurso de Washington — y que convierte al caso Rocha Moya en algo muy difícil de leer como un acto de justicia puro, desvinculado de la geopolítica y los intereses de la administración Trump en América Latina.
El miércoles pasado, fiscales estadounidenses dieron a conocer un indicia miento que describe años de presunta colusión entre el Cártel de Sinaloa, Rocha Moya y otros diez funcionarios, en el que los líderes del cartel habrían entregado sobornos y votos a cambio de impunidad.
El NYT recuerda que las sospechas sobre Rocha Moya no son nuevas. En 2024, el cofundador del Cártel de Sinaloa declaró tras su detención que creía ir a una reunión con el propio gobernador. Sin embargo, el diario también reconoce — aunque sin darle mayor peso — que el gobierno mexicano ya había evaluado investigar a Rocha Moya antes del indicia miento y concluyó que no había evidencia suficiente para proceder.
Desde que se conoció el indicia miento, la presidenta ha mantenido una postura clara. Rechazó la solicitud de arresto presentada por Washington argumentando falta de evidencia suficiente, anunció que la Fiscalía General de la República investigará el caso de forma independiente y advirtió que si no se encontrara sustento a las acusaciones, su gobierno consideraría el indicia miento como una intromisión en la soberanía nacional.
"Cooperamos y coordinamos con Estados Unidos, pero nunca nos vamos a subordinar, porque eso es un asunto de dignidad“, declaró ante la prensa.
Lo que el NYT enmarca como “cautela calculada” o posible encubrimiento, el gobierno mexicano lo presenta como el ejercicio elemental de su soberanía. No es un matiz menor.
Todas voces válidas. Pero llamativamente ausentes en el análisis del NYT están las perspectivas de quienes cuestionan la legitimidad y el momento del indicia miento estadounidense.
El NYT concluye que para Sheinbaum “la pregunta ya no es si tiene la información, sino si tiene la voluntad política de actuar”. Es una frase poderosa. También es una frase que asume, sin demostrarlo, que EU actúa exclusivamente movido por un genuino combate a la corrupción — y no por los múltiples intereses geopolíticos, comerciales y de seguridad que tiene sobre México en este momento.
